El reparto de responsabilidades y recursos entre las distintas administraciones es uno de los principales ejes de la Propuesta de Enmienda a la Constitución de la Seguridad Pública que avanzó en el Senado brasileño el 14 de octubre de 2026. Además de endurecer las medidas contra facciones criminales y milicias, el texto busca incorporar nuevas estructuras de coordinación y financiación al marco constitucional del país.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado concluyó ese día el análisis de la propuesta. En la misma jornada, el pleno aprobó un requerimiento para acelerar su tramitación. Según informó Agência Brasil, la PEC ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y quedó pendiente de examen por el conjunto de los senadores.
Más coordinación entre Unión, estados y municipios
Uno de los cambios previstos consiste en incluir el Sistema Único de Seguridad Pública en la Constitución. La propuesta también crea un Sistema de Políticas Penales y amplía la participación conjunta de la Unión, los estados y los municipios en la formulación y ejecución de las políticas del área.
El objetivo del nuevo diseño es establecer una actuación más integrada entre los niveles de gobierno. La seguridad pública y la gestión penitenciaria dependen actualmente de estructuras distribuidas entre diferentes administraciones, por lo que la PEC plantea un marco constitucional para ordenar esa cooperación y definir mecanismos permanentes de apoyo.
El texto contempla, además, la posibilidad de crear policías municipales de naturaleza civil. La medida ampliaría el margen de participación de los ayuntamientos en la seguridad pública, aunque la aplicación de esta posibilidad dependería de la aprobación definitiva de la reforma y de las reglas que regulen su funcionamiento.
Fondos específicos y recursos del presal
La financiación ocupa un lugar central en la propuesta. La PEC establece transferencias obligatorias de una parte de los recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública y del Fondo Penitenciario Nacional hacia estados y municipios. De este modo, el texto pretende garantizar que las administraciones subnacionales reciban recursos destinados a las políticas de seguridad y a la ejecución penal.
La iniciativa también determina que el 10% del superávit financiero anual del Fondo Social, vinculado a la explotación del presal, se destine a los fondos de seguridad pública y de ejecución penal. La previsión conecta una fuente nacional de recursos con áreas que requieren financiación continua, como la prevención del delito, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.
Para los estados y municipios, la eventual aprobación de estas reglas podría significar una mayor previsibilidad presupuestaria. Sin embargo, el alcance concreto de los repases y su aplicación dependerán del texto que sea aprobado por el Senado y de las normas posteriores necesarias para poner en práctica las disposiciones constitucionales.
Medidas contra facciones y milicias
La propuesta también introduce reglas más estrictas para los integrantes y líderes de facciones criminales y milicias. Entre las medidas previstas se encuentra la posibilidad de que cumplan sus condenas en unidades de máxima seguridad, además de restricciones a la progresión de régimen.
El texto incorpora asimismo medidas patrimoniales contra organizaciones criminales. La finalidad es alcanzar los recursos y bienes relacionados con actividades ilícitas, junto con la responsabilidad de personas jurídicas que participen en esas prácticas. La PEC prevé igualmente protección para denunciantes y sus familiares, un mecanismo dirigido a reducir los riesgos asociados a la colaboración con las autoridades.
La Radioagência Nacional informó sobre la conclusión de la votación en la comisión del Senado. El avance en la CCJ permite que la discusión pase al pleno, donde los senadores deberán analizar tanto las medidas de combate al crimen organizado como los cambios institucionales y financieros previstos en la reforma.
Qué falta para que la reforma avance
Al tratarse de una propuesta de enmienda constitucional, la PEC necesita superar dos votaciones en el Senado. En cada turno deberá obtener el respaldo mínimo de 49 de los 81 senadores. Solo después de cumplir ese requisito podrá continuar el proceso constitucional correspondiente.
Por ahora, la aprobación del requerimiento de urgencia no equivale a la aprobación definitiva de la reforma. El pleno todavía debe votar el contenido de la propuesta, que puede ser objeto de debate y modificaciones durante la tramitación. La decisión final determinará cómo se distribuirán las competencias, qué recursos quedarán vinculados a la seguridad y cuáles serán las reglas aplicables a las organizaciones criminales.
