Los servicios con activos virtuales han dejado de operar en la zona gris de la regulación brasileña. Según el empresario Paulo de Matos Junior, desde febrero de 2026, las Resoluciones BCB 519, 520 y 521 someten a los exchanges, las plataformas de custodia y los intermediarios a la supervisión del Banco Central de Brasil (BC). De este modo, quienes negocian, custodian o transfieren criptoactivos por cuenta de clientes necesitan saber si su actividad requiere autorización, ya que la respuesta determina la continuidad del negocio.
La duda más común surge de la confusión entre la denominación comercial y la actividad realizada, y el regulador solo tiene en cuenta esta última. Por ello, el análisis debe partir de lo que la empresa hace con el dinero y los activos del cliente. A continuación, detallaremos cómo la intermediación, la custodia y otras actividades incluyen a una empresa en el régimen regulatorio y qué plazos ejercen presión sobre el mercado.
¿Qué servicios con activos virtuales necesitan autorización?
La regla principal es clara y se aplica a todo el mercado: intermediar, custodiar o realizar operaciones de corretaje con activos virtuales por cuenta de terceros requiere autorización previa del BC. Para ello, el régimen creó la Sociedad Prestadora de Servicios de Activos Virtuales (SPSAV), una figura específica para quienes desarrollan estas actividades. Los bancos y las entidades de intermediación financiera que ya cuentan con autorización también pueden ofrecer estos servicios, siempre que lo comuniquen al Banco Central antes de comenzar y cumplan las normas de gobernanza y ciberseguridad.
Según la evaluación de Paulo de Matos Junior, empresario del sector financiero especializado en operaciones de cambio e intermediación de criptoactivos, esta clasificación por actividad protege al mercado formal y ejerce presión sobre quienes operan de manera improvisada. Una plataforma que únicamente conecta a compradores y vendedores se clasifica de una forma; aquella que también custodia las claves de acceso de los clientes pertenece a otra categoría, con obligaciones más estrictas. Por lo tanto, el límite se encuentra en el control efectivo sobre los activos del cliente y no en la tecnología utilizada.
Intermediación de activos virtuales: cuándo una empresa entra en el régimen regulatorio
La intermediación es la puerta de entrada más visible al régimen. De acuerdo con Paulo de Matos Junior, abarca la compra, venta e intercambio de activos virtuales por cuenta de clientes, además de la suscripción de nuevos activos y el staking. Por consiguiente, cuando una plataforma recibe órdenes y ejecuta operaciones por cuenta de terceros, queda incluida en esta categoría. Esta función conlleva obligaciones de transparencia hacia el cliente, prevención del lavado de dinero y controles internos similares a los de una institución financiera.
Custodia, corretaje y otras actividades bajo supervisión
La custodia requiere especial atención porque implica mantener bajo la responsabilidad directa de la empresa el patrimonio de terceros, como destaca Paulo de Matos Junior. Sin embargo, la autorización no se limita a esta actividad. El régimen abarca un conjunto de servicios que muchas empresas consideran accesorios, aunque generan los mismos riesgos para el cliente. En este sentido, las principales actividades reguladas son las siguientes:
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Custodia: almacenamiento y control de los instrumentos de acceso a los activos de terceros, como claves y credenciales;
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Corretaje: combinación de intermediación y custodia, con separación de funciones y segregación entre el patrimonio propio y el de los clientes;
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Transferencias: envío y recepción de activos virtuales de clientes, incluso desde o hacia billeteras de autocustodia, con identificación del titular;
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Operaciones de cambio con activos virtuales: pagos y transferencias internacionales, además de operaciones con activos referenciados a monedas fiduciarias.
En la práctica, una sola empresa puede reunir varias de estas actividades, a veces sin darse cuenta. Un exchange que custodia saldos, envía criptoactivos al extranjero y convierte monedas ya acumula tres clasificaciones regulatorias. De esta manera, cada una añade requisitos específicos, y la falta de autorización para cualquiera de ellas compromete toda la operación, subraya Paulo de Matos Junior, empresario del sector financiero especializado en operaciones de cambio e intermediación de criptoactivos.
¿Qué sucede con quienes ya operan en el mercado?
El plazo es el aspecto que más presión ejerce sobre las empresas en funcionamiento. Quienes ya prestan servicios de intermediación o custodia deben presentar su solicitud ante el Banco Central hasta el 30 de octubre de 2026. Una vez vencido el plazo, quienes no hayan solicitado autorización deberán interrumpir sus actividades en un máximo de treinta días, señala Paulo de Matos Junior.
Además, desde el 1 de junio de 2026, el BC comenzó a exigir un informe de auditoría independiente elaborado por una firma registrada ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), lo que incrementa los costos de entrada. El regulador también estableció un plazo de hasta tres años para decidir sobre las solicitudes de las empresas que ya se encuentran en funcionamiento. Durante ese período, el análisis continúa en curso y la organización interna adquiere tanta importancia como el producto ofrecido.
La autorización como condición para permanecer en el mercado de activos virtuales
En última instancia, la autorización ha dejado de ser un trámite burocrático para convertirse en un criterio de reputación frente a clientes, socios comerciales y bancos. Por lo tanto, las empresas que identifican desde ahora sus actividades de intermediación, custodia y transferencia ganan tiempo para adaptar su gobernanza y contratar servicios de auditoría. Por el contrario, quienes posponen este análisis corren el riesgo de descubrir, demasiado tarde, que su negocio ya estaba sujeto al régimen regulatorio desde el primer día.
