La discusión sobre el próximo gobierno de Brasil recibió una agenda que no se limita a prometer beneficios: también pregunta de dónde saldrán los recursos y qué grupos deberán rendir cuentas. El 20 de octubre de 2026, una coalición integrada por aproximadamente 70 organizaciones de la sociedad civil y cerca de 140 economistas presentó el documento “10 Propuestas para un Nuevo Ciclo de Desarrollo en Brasil”.
El material será enviado a las campañas de los dos candidatos a la Presidencia y busca llevar al centro de la elección asuntos que suelen quedar detrás de los eslóganes y de las promesas de corto plazo. Entre ellos están la desigualdad, el coste de vida, la calidad del empleo, la transición climática y la forma en que el Estado utiliza los recursos públicos.
Según la Agência Brasil, el documento propone revisar subsidios e incentivos fiscales, con la exigencia de contrapartidas más claras para la sociedad. La coalición sostiene que esas medidas deberían estar asociadas a metas verificables, generación de empleo y apoyo a una economía de bajas emisiones de carbono.
La pregunta que acompaña cada promesa
El enfoque diferencia la iniciativa de una lista convencional de compromisos electorales. Además de defender nuevas políticas, las organizaciones introducen una cuestión sobre el presupuesto: qué beneficios permanecen vigentes, quién los recibe y qué resultados concretos producen. La revisión de incentivos aparece, por tanto, como una forma de discutir prioridades y no solo como una medida contable.
El texto también plantea que la responsabilidad fiscal y el bienestar social no tienen por qué ser objetivos opuestos. La discusión propuesta por la coalición cuestiona, sin embargo, la distribución de la carga tributaria y la existencia de ayudas públicas sin una evaluación transparente de sus efectos. El conflicto central está en convertir esa revisión en una decisión políticamente viable para el próximo gobierno.
La agenda incluye el mantenimiento de aumentos reales del salario mínimo y medidas para reducir el peso de la vivienda, la energía y el transporte en el presupuesto familiar. También defiende la ampliación de políticas públicas de cuidados, una cuestión vinculada a la desigualdad y a las condiciones concretas de vida de los hogares.
Trabajo, clima y alimentación en la misma agenda
Entre las propuestas figura además la regulación del fin de la jornada laboral conocida como escala 6×1, sin reducción salarial. La medida relaciona el debate sobre el tiempo de trabajo con la calidad del empleo y con la necesidad de discutir qué modelo laboral se pretende consolidar en el próximo ciclo presidencial.
El documento incorpora igualmente políticas para la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. La presencia de esos temas muestra que la coalición intenta conectar la planificación económica con problemas territoriales y sociales que afectan de manera desigual a la población brasileña.
En el área agraria, la agenda menciona también el combate al acaparamiento ilegal de tierras. La propuesta aparece junto a la defensa de la agricultura familiar y de la seguridad alimentaria, en un conjunto que vincula el uso del territorio, la producción de alimentos y la acción del Estado.
Un próximo gobierno bajo presión política y económica
La entrega del documento ocurre en un escenario en el que el futuro presidente tendrá que responder a desafíos simultáneos. Un análisis de Folha de S.Paulo identifica entre las cuestiones centrales la responsabilidad fiscal, la desigualdad, la infraestructura, la reforma tributaria, el empleo, la tecnología y la política industrial.
Esos desafíos ayudan a explicar la relevancia política de una agenda que intenta unir asuntos normalmente tratados por separado. Reducir el coste de vida requiere decisiones presupuestarias; sostener empleos de calidad depende de políticas económicas; y enfrentar el cambio climático exige inversiones y planificación. El documento presenta esas áreas como partes de un mismo proyecto de desarrollo.
La capacidad de convertir las propuestas en políticas públicas dependerá, no obstante, de la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Congreso. La Agência Brasil, en un análisis sobre el Congreso, aborda la nueva configuración política posterior a las elecciones y los obstáculos que pueden influir en la agenda del próximo gobierno.
Por ahora, la coalición coloca a las campañas ante una lista de decisiones difíciles: revisar beneficios fiscales, establecer contrapartidas, proteger los ingresos laborales, reducir gastos esenciales y financiar la adaptación climática. La pregunta que acompaña el documento no es solo qué promete cada candidato, sino qué prioridades aceptará cambiar cuando las promesas lleguen al presupuesto.
