El 81,3% de las empresas españolas respalda cambios en la legislación laboral para hacer frente al absentismo, según el Estudio de Clima Empresarial 2026 de la Cámara de Comercio de España. El porcentaje equivale a más de ocho de cada diez compañías consultadas y sitúa las ausencias laborales entre las cuestiones que preocupan al tejido productivo nacional.
La investigación fue realizada entre el 24 de agosto y el 24 de septiembre de 2026 mediante entrevistas a 1.900 empresas con al menos seis empleados. Sus resultados reflejan la percepción del sector empresarial sobre el impacto de las bajas y sobre los mecanismos que, a juicio de las compañías participantes, podrían mejorar la gestión de estas situaciones.
Qué medidas defienden las empresas
Entre las propuestas recogidas en el estudio aparece el refuerzo del papel de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el seguimiento y control de los procesos de incapacidad temporal. Las empresas consideran que estas entidades pueden desempeñar una función más relevante en la revisión de las bajas y en la coordinación de los procedimientos relacionados con la salud laboral.
Otra de las medidas planteadas es mejorar la coordinación entre las empresas, las mutuas y los servicios públicos de salud. La propuesta apunta a una comunicación más eficaz entre los distintos actores que intervienen en una baja médica, con el objetivo de agilizar la gestión de los procesos y facilitar una respuesta más ordenada ante las ausencias prolongadas o recurrentes.
El estudio también recoge el respaldo a posibles cambios en la responsabilidad empresarial vinculada al pago de prestaciones durante los periodos de baja. Se trata de una cuestión con efectos directos sobre la organización interna y los costes de las compañías, por lo que cualquier modificación exigiría concretar su alcance dentro de la normativa laboral y de la Seguridad Social.
Una posición empresarial, no un consenso social
Los resultados representan exclusivamente la opinión de las empresas encuestadas. Por tanto, el 81,3% no puede interpretarse como una posición compartida por el conjunto de los trabajadores, los sindicatos o las administraciones públicas. Las medidas propuestas afectan al equilibrio entre el control de las bajas, la protección de las personas enfermas y las obligaciones de empleadores y organismos públicos.
El absentismo laboral reúne realidades diferentes. Puede estar relacionado con procesos de enfermedad, accidentes, problemas de salud de distinta duración y otras situaciones reguladas por la legislación. Por ese motivo, el debate sobre su evolución y sobre las respuestas adecuadas incluye tanto la perspectiva de las empresas como la de los trabajadores, los profesionales sanitarios y las entidades responsables de la Seguridad Social.
Para las compañías, las ausencias pueden complicar la planificación de turnos, la continuidad de los servicios y la distribución de cargas de trabajo. En sectores con plantillas ajustadas, una baja puede obligar a reorganizar tareas o recurrir a sustituciones. Sin embargo, el tratamiento de estas situaciones también debe preservar el acceso a la atención sanitaria y las garantías asociadas a una incapacidad temporal.
El debate sobre la gestión de las bajas
La propuesta empresarial se sitúa en un contexto en el que la gestión de las bajas requiere la intervención de varias instituciones. Los servicios públicos de salud participan en la atención médica, las mutuas colaboradoras tienen competencias específicas dentro del sistema y la Seguridad Social administra distintas prestaciones y procedimientos. Las empresas, por su parte, deben organizar la actividad mientras dura la ausencia.
La Cámara de Comercio de España presentó el estudio como una fotografía de las preocupaciones y prioridades de las empresas en 2026. Según la información difundida por Europa Press, el absentismo figura entre los asuntos para los que las compañías reclaman una respuesta normativa y una mayor coordinación institucional.
La discusión sobre eventuales reformas deberá precisar cómo se aplicarían los cambios, qué controles se reforzarían y cómo se protegerían los derechos de las personas trabajadoras durante una baja médica. El resultado de la encuesta ofrece la visión de las empresas sobre el problema, pero no determina por sí mismo una modificación legal ni anticipa una decisión del Gobierno de España.
