La reciente solicitud oficial del gobierno español para que Delcy Rodríguez ordene la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela marca un punto destacado en las relaciones internacionales entre Madrid y Caracas. En los últimos días, las autoridades españolas han intensificado sus gestiones diplomáticas con la presidenta interina de Venezuela tras la detención del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, señalando que al menos catorce ciudadanos con nacionalidad española están detenidos de forma “arbitraria” en cárceles venezolanas. Estas solicitudes se han formulado a través de una nota verbal dirigida directamente a Delcy Rodríguez, quien asumió temporalmente el liderazgo del país sudamericano ante la crisis política generada por los acontecimientos recientes.
Los ministros y voceros del Ejecutivo español han dejado claro que la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela es una prioridad permanente en la agenda bilateral. El número de españoles detenidos por motivos políticos ha sido estimado por varias fuentes entre catorce y veinte, siendo muchos detenidos con doble nacionalidad o residentes habituales en Venezuela. Organizaciones no gubernamentales locales y grupos de defensa de derechos humanos han documentado casos de detenciones consideradas arbitrarias, reivindicando el respeto a las garantías procesales y la protección de los derechos fundamentales.
Este reclamo diplomático se produce en el contexto de una situación política y social volátil en Venezuela. El Ejecutivo español ha manifestado su disposición a mantener canales de diálogo con las autoridades venezolanas y rechaza cualquier acción unilateral que pueda agravar aún más la inestabilidad en la región. A través de declaraciones oficiales, Madrid también ha abogado por un proceso de transición negociado que incluya a todas las partes implicadas en la sociedad venezolana, insistiendo en la importancia de respetar los marcos del derecho internacional y los acuerdos multilaterales existentes.
El argumento humanitario ha sido fundamental en las gestiones españolas, que destacan no solo la condición de los detenidos como ciudadanos españoles, sino también la relevancia de proteger a comunidades migrantes y familias con lazos entre los dos países. España mantiene una comunidad considerable de ciudadanos radicados en Venezuela, cuyas preocupaciones y conexiones familiares han presionado a las autoridades a actuar con firmeza en estos casos. Esta realidad social añade una dimensión humana a la discusión política y diplomática entre ambos gobiernos.
Además del tema de los presos, Madrid ha reafirmado su postura crítica frente a cualquier intervención militar o acción que pueda quebrantar el orden internacional. El gobierno español ha expresado reiteradamente su apoyo a una solución pacífica y negociada que respete la soberanía de Venezuela y evite mayores tensiones regionales. En sus discursos públicos, líderes del Ejecutivo han subrayado la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos afectados por la crisis.
Organizaciones civiles y agrupaciones de familiares de los detenidos también han impulsado movilizaciones y campañas de sensibilización en España. Estas acciones buscan atraer la atención pública y política sobre la situación de los detenidos en Venezuela y presionar para que se aceleren las respuestas oficiales. Para muchos familiares, la esperanza de volver a reunirse con sus seres queridos depende no solo del esfuerzo de las autoridades españolas, sino también de la voluntad política que pueda surgir del nuevo liderazgo en Caracas.
Desde Caracas, las reacciones oficiales a las demandas españolas han sido escasas o poco públicas, reflejando la delicadeza del momento político interno de Venezuela. La nueva administración enfrenta múltiples desafíos, incluida la legitimidad de su mandato y la activación de procesos para estabilizar el país después de eventos recientes que han captado la atención internacional. En medio de estos retos, la petición española por la liberación de los presos políticos españoles en Venezuela añade otra capa de complejidad al escenario diplomático.
En definitiva, la solicitud de España a Delcy Rodríguez para asegurar la libertad de los presos políticos españoles en Venezuela sigue siendo un asunto central en la agenda bilateral. El caso ha resaltado la importancia de los derechos humanos como eje de las relaciones internacionales y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre la defensa de ciudadanos y el respeto a la soberanía de los Estados. Las próximas semanas serán clave para observar si estas gestiones diplomáticas avanzan hacia soluciones concretas o si persisten las dificultades en la relación entre Madrid y Caracas.
Autor : Antonio García
